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Desde hace más de un año nos vienen pronosticando una de las crisis económicas más grandes que haya sufrido el mundo. Incluso llegan a compararla con el gran crack de 1933. Yo trabajaba en un bar y uno de mis clientes - un señor mayor cuyo único entretenimiento era leer “La vanguardia” y actualizar su cartilla en el cajero-, a cada  rato vociferaba “¡Estamos en crisis!”
¿En crisis? ¿Cómo iban a estar en crisis? Cada día el local se llenaba de personas que muchas veces solamente pedían una botella pequeña de agua existiendo un supermercado a menos de 50 metros. Sales de compra y en las tiendas continua el normal trasiego de personas. Muchos coches, el comercio funcionando, el puerto atiborrado de barcos en espera de descargar o cargar sus bodegas… No sé, yo he vivido una crisis y no era como esta.
Viví la crisis en la que de repente desapareció todo de los comercios, hasta los productos básicos de primera necesidad. He vivido la crisis en la que no ha aparecido la medicina necesaria para curar un simple malestar. He vivido la crisis que barre con la circulación de coches, con la iluminación pública… He vivido una crisis que arrasó con los valores educados por generaciones y generaciones, que cambió para siempre la perspectiva de futuro de una nación guerrera…
Creo que cuando dejen de avasallar a la gente con la crisis y de crear esta histeria colectiva, se podrá pensar con más calma y afrontar con cordura una realidad que forma parte del desarrollo cíclico del sistema capitalista. No se puede vivir con pesimismo, así sólo afloran las actitudes negativas y derrotistas.

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La Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí ha explicó ayer que el año pasado se redujo la cifra de autorizaciones iniciales de residencia y trabajo por primera vez en más de una década, al registrarse una caída de 50.000 nuevos trabajadores inmigrantes respecto de 2007.
Además de haberse producido una reducción en las autorizaciones iniciales de trabajo, la secretaria de Estado señaló una caída en la llegada de inmigrantes mediante la reagrupación familiar. En total, en 2007 entraron en España por esta vía 30.000 personas menos que un año antes, cuando fueron en torno a 128.000 los extranjeros reagrupados.
“Es la primera vez que notamos este descenso, todavía tenue, pero descenso. Siempre he sostenido que el factor de atracción más importante que tenía este país era la posibilidad de trabajar. Si evidentemente esa posibilidad desciende, tiene que verse afectada la llegada de trabajadores”, afirmó en declaraciones a los medios tras la presentación en Madrid del Anuario de la Inmigración en España 2008.
El catedrático de Economía Aplicada Josép Oliver explicó que durante el periodo analizado, se produjo la incorporación de unos 450.000 extranjeros a la población activa de España, muchos de los cuales “pasaron a engrosar” la tasa de desempleados porque durante ese periodo no se crearon tantos nuevos empleos para ellos.
Estos extranjeros que “en su mayoría” ya estaban en España y que se incorporaron a la población activa por cumplir los 16 años o conseguir el permiso de trabajo al cabo de un proceso de reagrupación familiar, son los que ahora impulsan, según Oliver, la tasa de desempleo entre el colectivo, ya que durante el periodo analizado, no se produjo una destrucción significativa de puestos de trabajo inmigrante.
“En 2009, la tasa de paro inmigrante va a seguir creciendo porque no veo fácil que se reduzcan de manera intensa las entradas en el mercado de trabajo, y como creo que se va a producir alguna destrucción de empleo en la inmigración, va a continuar aumentando la tasa de paro”, vaticinó el economista.

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El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ha admitido esta mañana en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que hubo cupos para detener a un número determinado de inmigrantes en situación irregular, pero ha sostenido que se trató de “una actuación limitada a muy pocas comisarías”, en concreto funcionaron “en no más de cuatro o cinco comisarías” de policía en Madrid. Camacho ha achacado este hecho a “un error operativo” que fue solucionado “inmediatamente”. También ha subrayado que estos cupos no fueron puestos en marcha a raíz de una “instrucción política“.
Así ha respondido Camacho, que ha comparecido en la comisión para dar cuenta de los incidentes registrados en la frontera de Melilla en los últimos meses, al ser preguntado por el diputado del PP Ignacio Cosido sobre la identidad de la persona que dio las instrucciones para fijar cupos de detención de inmigrantes, cuestión que ha eludido contestar, tras subrayar que no hubo “ninguna instrucción política” para ello.
Camacho ha recordado a Cosido que en el ámbito de la delincuencia “suelen establecerse unos criterios de intensidad de la actuación policial en relación a los problemas que afectan a cada uno de los barrios” y ha afirmado que “en este caso, probablemente por error, se fuera más allá en el ámbito de la inmigración“. En cualquier caso, el secretario de Estado ha reiterado que “en el momento en el que se tuvo conocimiento de que se habían establecido estos cupos se dio una instrucción automática de que desaparecieran”. “Compartimos que el establecimiento de los cupos no fue adecuado, pero se ha dado una solución”, ha hecho hincapié Camacho.
“Y no es cierto que afectara a determinadas nacionalidades por encima de otras”, ha añadido el secretario de Estado, quien ha considerado que “esto ya no da para más en cuanto al mantenimiento de una polémica que no existe”.
Para Cosido, la orden de fijar cupos de detenciones de inmigrantes es “inadmisible, ilegal, que atenta contra el Estado de derecho y xenófoba”, y por eso ha preguntado insistentemente a Camacho por “el responsable de esa orden” para exigirle responsabilidades.

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Un estudio realizado por académicos de la Universidad Pontificia Comillas-ICAI-ICADE y las estadounidenses de Princeton y Clemson, señala que sólo un tercio de los hijos de inmigrantes en España se sienten españoles, pero la mayoría afirma no haberse sentido discriminado.
Más de un 40 por ciento de los “nuevos españoles” no tiene interés en quedarse en el país, y prefieren trasladarse a otro país desarrollado, con el 22 por ciento optando por América del Norte.
El país de origen predominante es Ecuador, seguido de Colombia, Rumania, Perú, Marruecos, Republica Dominicana, Bolivia y Bulgaria. Aproximadamente, el 70% procede de países latinoamericanos; los ecuatorianos por sí solos representan la mitad de este total.
Aunque más de dos terceras partes (70,8%) cree que los españoles se sienten superiores a los extranjeros, más de la mitad nunca se ha sentido discriminado en España y sólo un 5% declara haberlo sido “muchas veces”.
“Pese a los muchos rumores y artículos periodísticos sobre la discriminación en contra de los extranjeros, la segunda generación, al menos en Madrid, no percibe gran rechazo en su contra por parte de la población autóctona y tiene fe en la existencia de oportunidades de movilidad ascendente para todos”, señaló el estudio.
“De resultar esto cierto, es mucho más probable que la sociedad española logre integrar exitosamente a sus nuevos miembros”, agregó.
Los inmigrantes suponen ahora más del 10 por ciento de la población española, después de que el ‘boom’ económico de finales de los 90 atrajera a más de cuatro millones de extranjeros.
Sólo un tercio de los 3.375 estudiantes entrevistados se considera español, y únicamente el 13 por ciento ha nacido en España, lo que refleja lo reciente que es la inmigración a gran escala.

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El Gobierno proyecta imponer multas de hasta 10.000 euros a quienes cobijen a inmigrantes sin papeles, de acuerdo al anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que tipifica como infracción grave “promover la permanencia irregular en España de un extranjero”.
El texto aprobado en el Consejo de Ministros entiende que se respalda la estancia ilegal “cuando el inmigrante dependa económicamente del infractor y le prolongue la estancia autorizada más allá del período legal”.
Está previsto que este anteproyecto comience la tramitación parlamentaria a partir del primer trimestre de este año y supondrá la cuarta reforma de la Ley de Extranjería en ocho años, otra de las vías para arreciar la política ante la avalancha de inmigrantes.
Otra de las cuestiones que se reformará es el endurecimiento de las sanciones. Las multas para las infracciones muy graves pasan a ser de hasta 100.000 euros, las graves hasta 10.000 y las leves hasta un máximo de 500 euros.
En la actualidad, son numerosas las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas para la inserción laboral de extranjeros en situación irregular y que les proporcionan alojamiento en su etapa de formación. Este tipo de iniciativas se desarrollan especialmente con aquellos inmigrantes menores de 18 años que llegaron a España de forma clandestina y que fueron internados en centros de menores. Al alcanzar la mayoría de edad, el recurso público se agota y quedan en libertad sin papeles ni trabajo.
El anteproyecto contempla también elevar a 60 días la estancia máxima en un centro de internamiento. Asimismo, acota las reagrupaciones familiares y prevé conceder permisos de residencia y trabajo a las extranjeras víctimas de violencia de género para que no tengan miedo a denunciar.
Las reacciones no se han hecho esperar. Colectivos religiosos han planteado la desobediencia civil si la nueva reforma de la Ley de Extranjería sale adelante y aseguran que seguirán atendiendo a los inmigrantes sin papeles, “aunque el Gobierno quiera prohibirlo por ley”. El obispo de Sigüenza-Guadalajara y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, monseñor José Sánchez, criticó “la hipocresía de las políticas de extranjería, porque se basan en defender los intereses” de los países europeos. La Conferencia Española de Religiosos anunció que “seguirán ofreciendo hospitalidad a quien lo necesite, aunque no tenga papeles”.

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Cuando económicamente todo andaba sobre ruedas existía un consenso sociopolítico en España con respecto a la inmigración. Un discurso común que resaltaba el valor económico de esta población al ocupar los puestos de trabajo rechazados por la población local, se complementaba con su importante contribución en el crecimiento de la natalidad para una aquietada demografía nacional.
Con la crisis económica, manifiesta en la gran inflación, el descenso del consumo y el aumento del déficit del Estado, cambia la visión sobre la inmigración. Las cifras del paro evidencian una situación extremadamente difícil. Ya son más de tres millones en total, de ellos una buena parte inmigrantes. El colapso de la construcción y el sector inmobiliario, contribuyó en gran medida a la perdida de un gran número de puestos de trabajo entre los extranjeros. Unido al incremento de la delincuencia y la efervescencia social que se vive, la opinión general de la población con respecto a los inmigrantes da un giro bastante perceptible.
El tema de la inmigración reluce en diversas encuestas como uno de los principales problemas que preocupan a los españoles. Se crean estereotipos para los inmigrantes: desempleado y delincuente. Se generaliza la idea de que colapsan los servicios de urgencias y monopolizan las ayudas sociales.
Ya es una realidad. Comienzan a florecer las manifestaciones de un desalojo encubierto. Ya no hacen falta. El retorno voluntario es la más sutil. Establecer cupos de detenciones de inmigrantes la más clara.

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