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El Gobierno español ha expresado a las autoridades cubanas su rechazo a la resolución del Parlamento de Cuba contra la directiva de retorno de inmigrantes ilegales, aprobada por la Unión Europea (UE) en junio del año 2008. En dicha resolución, adoptada el pasado 11 de julio por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, el Parlamento cubano afirmaba que los centros de detención migratoria de la UE son ‘‘verdaderos campos de concentración modernos”.
La postura del Gobierno español responde, por escrito, a una pregunta realizada por el parlamentario Eugenio Jesús González, del grupo Popular, el principal en la oposición, sobre cuál sería la respuesta del Ejecutivo ante la resolución del Parlamento cubano.
Dicha respuesta, a la que ha tenido acceso EFE, pone de relieve que la legislación española en materia de extranjería figura entre las de más garantías de Europa y no existe propósito alguno de alterar este marco normativo.
Ni España ni ningún otro país de la Unión Europea se ha planteado llamar a consultas a su embajador en La Habana para exigir una rectificación a las autoridades cubanas, precisa el Gobierno español en el texto presentado.
En la declaración, la Asamblea Nacional de Cuba señala que la directiva de retorno constituye ‘‘una flagrante y bochornosa violación de los derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño y varias normativas internacionales”.
Considera que los centros de detención migratoria “actúan como verdaderos campos de concentración modernos, donde se aniquila la vida y la dignidad humana” y califica de ‘‘vergonzosa” la decisión de la UE. “Para implementar la escandalosa política, la UE cuenta con más de 220 centros de detención de inmigrantes, que actúan con escaso control y pocas normas, ubicados en prisiones, antiguas edificaciones, barcos y hasta instalaciones que fueron campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial”, denuncia.
La Eurocámara aprobó el 18 de junio del 2008 la Directiva de Retorno de Inmigrantes Ilegales, que prevé detenerlos por un periodo máximo de hasta dieciocho meses en casos excepcionales, entre otras medidas. La norma, que cuenta con el visto bueno de los gobiernos de los veintisiete países de la Unión Europea, entrará en vigor en el 2010.

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