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Amnistía Internacional lo ha denunciado: la tasa por millón de mujeres extranjeras muertas a manos de sus parejas o ex parejas en España es seis veces mayor que la de los españoles. Esto tiene una lógica explicación. Existe un elevado número de mujeres extranjeras que piden ayuda a los dispositivos de emergencia frente a la violencia de género, pero diversos obstáculos impiden que este grupo social deje de ser el colectivo más vulnerable en lo que a violencia de género se refiere.
Se debe tener en cuenta que su realidad social pasa por haber sufrido un fuerte proceso de desarraigo, que parte del abandono de sus espacios vitales y afectivos de origen, pasando de lo conocido a lo desconocido, lo que conlleva una alta dosis de desasosiego. Además el choque con la realidad, la frustración de expectativas, las condiciones de precariedad laboral y de vivienda son caldo de cultivo para la violencia doméstica.
Especialmente vulnerables son las inmigrantes “sin papeles” y las que obtienen el permiso de residencia por reagrupación familiar con un marido maltratador. El miedo a la expulsión les impide denunciarlo, lo que provoca que el objetivo inicial de lograr una vida mejor queda doblemente frustrado. En muchos casos emigran con las parejas bajo la promesa de abandonar las actitudes violentas con unas mejores condiciones de vida, cosa que es del todo contraproducente pues las conductas adquiridas culturalmente no se transforman sólo porque las condiciones de vida mejoren. Por ello, para aquellas inmigrantes que no tienen su situación regularizada, denunciar a su agresor supone entregarse a las autoridades, y este temor les hace aguantar hasta fatales consecuencias.
Las estadísticas hablan. En el 2005 fueron 52 las víctimas mortales de la violencia de género, y en el 2007 la cifra asciende 74, de las que el 40% eran extranjeras.
La situación cambiaria si hubiera un acceso de las víctimas inmigrantes a la autonomía económica, esencial para desvincularse del agresor, unido a una eliminación de las sanciones u órdenes de expulsión contra las “sin papeles” cuando se acogen a algún recurso de protección. Además hay que lograr que los mecanismos de protección se especialicen en cuanto a orígenes y situaciones concretas de las víctimas.
El actual gobierno español ha probado un plan especial para dar respuesta a la grave situación existente, basado en dos ejes fundamentales de actuación: la información y sensibilización, y la formación. Para ello harían llegar a la población inmigrante las normas existentes, los recursos sociales, los lugares donde acudir. A la par, poner en marcha módulos formativos destinados al personal de las Oficinas de Extranjería, a los voluntarios de las asociaciones de inmigrantes, agentes sociales y ONG, con el objetivo de capacitarle en prevención, detección y acompañamiento a la mujer víctima de violencia.
Se promoverá además la formación del profesorado, especialmente los destinados a la educación adulta. De igual manera el Ministerio de Igualdad firmará convenios con las sociedades científicas médicas y sanitarias que estén en contacto directo con los inmigrantes; con el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, para la realización de actuaciones de formación y detección de la violencia de género conjuntas; y con la Federación Española de Municipios y Provincias, para formar e implicar a los servicios municipales en las actuaciones de atención de la violencia de género en mujeres inmigrantes.
 
 

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