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El Gobierno proyecta imponer multas de hasta 10.000 euros a quienes cobijen a inmigrantes sin papeles, de acuerdo al anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que tipifica como infracción grave “promover la permanencia irregular en España de un extranjero”.
El texto aprobado en el Consejo de Ministros entiende que se respalda la estancia ilegal “cuando el inmigrante dependa económicamente del infractor y le prolongue la estancia autorizada más allá del período legal”.
Está previsto que este anteproyecto comience la tramitación parlamentaria a partir del primer trimestre de este año y supondrá la cuarta reforma de la Ley de Extranjería en ocho años, otra de las vías para arreciar la política ante la avalancha de inmigrantes.
Otra de las cuestiones que se reformará es el endurecimiento de las sanciones. Las multas para las infracciones muy graves pasan a ser de hasta 100.000 euros, las graves hasta 10.000 y las leves hasta un máximo de 500 euros.
En la actualidad, son numerosas las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas para la inserción laboral de extranjeros en situación irregular y que les proporcionan alojamiento en su etapa de formación. Este tipo de iniciativas se desarrollan especialmente con aquellos inmigrantes menores de 18 años que llegaron a España de forma clandestina y que fueron internados en centros de menores. Al alcanzar la mayoría de edad, el recurso público se agota y quedan en libertad sin papeles ni trabajo.
El anteproyecto contempla también elevar a 60 días la estancia máxima en un centro de internamiento. Asimismo, acota las reagrupaciones familiares y prevé conceder permisos de residencia y trabajo a las extranjeras víctimas de violencia de género para que no tengan miedo a denunciar.
Las reacciones no se han hecho esperar. Colectivos religiosos han planteado la desobediencia civil si la nueva reforma de la Ley de Extranjería sale adelante y aseguran que seguirán atendiendo a los inmigrantes sin papeles, “aunque el Gobierno quiera prohibirlo por ley”. El obispo de Sigüenza-Guadalajara y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, monseñor José Sánchez, criticó “la hipocresía de las políticas de extranjería, porque se basan en defender los intereses” de los países europeos. La Conferencia Española de Religiosos anunció que “seguirán ofreciendo hospitalidad a quien lo necesite, aunque no tenga papeles”.

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